Este proyecto de ley busca otorgar herramientas para orientar la búsqueda de empleo y brindar protección y seguridad a quienes acceden a información de vacantes de empleo por medio de plataformas o sitios web, así como a quienes lo hacen de manera presencial ante los prestadores de servicio autorizados por la Unidad Administrativa Especial de Servicio Público de Empleo.
Según datos de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo a febrero de 2021 se encuentran autorizados 109 prestadores privados en puntos de servicio presenciales y 143 prestadores privados en puntos de servicio virtuales.
Según el Centro Nacional de Consultoría la forma en que más buscan empleo los colombianos es a través de internet, seguido de voz a voz, anuncios en prensa y las bolsas de empleo de las universidades.
El proyecto también establece que las personas jurídicas autorizadas para la gestión y colocación de empleo deberán realizar verificación previa de las vacantes que publiquen y prohibir todas aquellas que:
• Promuevan el trabajo infantil.
• Oferten vacantes que excedan el número de horas de trabajo semanal establecido por la ley.
• No cumplan con la protección en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo
• Realicen cobros directos o indirectos a los trabajadores.
• Exijan pagos previos, recaudos o depósitos por parte del trabajador previa a la firma de contrato laboral.
• Incumplan el pago de prestaciones sociales.
• Que hagan publicidad engañosa u ofertas de empleo inexistentes.
• Que tengan que ver con esquemas de pirámides o captación ilegal de dinero.
El proyecto pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
